El modelo de tracks: por qué este formato
El Congreso se estructura en torno a tracks temáticos en lugar de ejes tradicionales. Esta decisión no es solo formal: responde a una concepción distinta de cómo debe organizarse el debate sobre política pública y administración del Estado.
Los tracks no son categorías clasificatorias: son espacios de debate estructurado en torno a preguntas estratégicas concretas. Cada track parte de una tensión real, formula una pregunta central y propone líneas de debate que conectan lo político con lo operativo: desde las decisiones de alto nivel hasta su implementación y las herramientas que las hacen posibles.
Este formato permite tres cosas que los enfoques tradicionales dificultan. Primero, articular dimensiones que en la práctica son interdependientes: la innovación digital no puede analizarse sin las capacidades institucionales que la sostienen, ni la inclusión sin los marcos de gobernanza que la garantizan. Segundo, orientar las propuestas hacia el debate sustantivo, evitando que los paneles se conviertan en presentaciones descriptivas sin posicionamiento. Tercero, generar una narrativa común del Congreso que conecte los seis tracks como dimensiones del mismo Estado que se quiere transformar.
Cada track opera en tres niveles: política (decisiones estratégicas y dilemas de alto nivel), gestión (implementación e institucionalidad) y herramientas (metodologías, tecnologías e instrumentos). Esta estructura busca que las contribuciones académicas y prácticas se complementen, y que los aprendizajes sean útiles y transferibles.
Los tracks del Congreso
Track 1 — Estado Inteligente
Innovación pública, gobierno digital e inteligencia artificial
Un Estado inteligente no es aquel que simplemente incorpora tecnología, sino aquel que transforma la forma en que decide, gestiona y presta servicios, utilizando la innovación pública para generar valor real y sostenible para la ciudadanía.
La transformación digital está redefiniendo la acción pública en sus fundamentos. El uso estratégico de datos, la inteligencia artificial, la automatización de procesos y la interoperabilidad entre instituciones permiten avanzar hacia servicios más ágiles, integrados y centrados en las personas. En este marco, el gobierno digital deja de ser una capa tecnológica superpuesta a las estructuras existentes para convertirse en una forma distinta de organizar y operar lo público.
Pero la innovación pública va más allá de lo digital. Implica repensar el diseño de políticas, servicios y procesos desde su origen, incorporar nuevas metodologías, articular capacidades dispersas y construir soluciones que respondan de manera efectiva a las necesidades ciudadanas. Modernizar no es simplemente digitalizar lo existente: es transformar la lógica de funcionamiento del Estado.
El desafío central es construir capacidades para gestionar datos con criterio estratégico, garantizar la interoperabilidad entre sistemas fragmentados, rediseñar servicios públicos con enfoque de usuario y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, sin perder de vista la legitimidad, la transparencia y los derechos ciudadanos. La inteligencia del Estado no se mide únicamente por su capacidad tecnológica, sino por su capacidad de integrar información, coordinar actores y responder de manera oportuna y efectiva en entornos de cambio acelerado.
Esto plantea preguntas sobre la gobernanza de la inteligencia artificial en el sector público: quién controla los algoritmos, cómo se garantiza la rendición de cuentas, cómo se evita que la automatización reproduzca sesgos existentes y cómo se construye confianza institucional en torno a decisiones que los ciudadanos no pueden ver ni comprender fácilmente.
| Pregunta central: ¿Qué capacidades, arreglos institucionales y mecanismos de gobernanza permiten al Estado integrar IA y tecnologías digitales para mejorar los resultados y la experiencia ciudadana, garantizando la transparencia algorítmica, la protección de derechos y la medición de impacto real, sin generar nuevas exclusiones?. |
Líneas de Debate
- ¿Modernizar el Estado implica transformar la forma de gobernar o solo digitalizar lo que ya existe? ¿Dónde está la frontera entre digitalización e innovación institucional real?
- ¿Cómo avanzar hacia la interoperabilidad entre instituciones públicas cuando coexisten sistemas fragmentados, datos no integrados y resistencias organizacionales al intercambio de información?
- ¿Cómo gobernar y regular el uso de la inteligencia artificial en el sector público garantizando confianza ciudadana, control institucional y generación de valor público?
- ¿Quién define el ritmo del cambio tecnológico en el Estado, y cómo evitar que ese ritmo reproduzca exclusiones o capture la agenda de modernización?
- ¿Cómo medir el avance real de un Estado digital: por la tecnología que incorpora o por su capacidad efectiva de generar valor público a partir de los datos y la inteligencia artificial?
Tensiones Estructurales
| eficiencia vs. confianza | digitalización vs. inclusión | digitalización vs. inclusión |
Track 2 — Estado Capaz
Capacidades estatales, servicio civil y gobernanza
Un Estado capaz no es solo aquel que define políticas, sino aquel que cuenta con instituciones sólidas, sistemas de gestión efectivos y, sobre todo, personas capaces de tomar decisiones, implementarlas y sostenerlas en el tiempo con integridad y orientación a resultados.
En el centro de la capacidad estatal se encuentra su dimensión humana: el servicio civil. La profesionalización de los funcionarios, la calidad de la alta dirección pública, el equilibrio entre carrera administrativa y cargos de confianza, y la existencia de sistemas de mérito, evaluación y desarrollo son factores determinantes para la efectividad del Estado. Sin estas capacidades, incluso las iniciativas mejor diseñadas —en innovación, desarrollo o inclusión— pierden efectividad en su implementación.
Las capacidades estatales no se construyen solo con normas o estructuras formales. Requieren burocracias competentes, íntegras y orientadas al bien público, capaces de operar bajo presión política, restricciones institucionales y alta complejidad. Esto implica repensar cómo se forma, selecciona, evalúa y retiene el talento público; cómo se construye cultura organizacional orientada al servicio; y cómo se articula el liderazgo político con la conducción técnica sin que uno capture ni debilite al otro.
La gobernanza pública adquiere en este track un rol central. La capacidad de coordinar actores, sostener reglas de juego claras, equilibrar intereses y garantizar integridad define la posibilidad de implementar políticas efectivas y sostenibles. Un Estado que no puede coordinarse internamente ni rendir cuentas de manera efectiva dificulta la generación de confianza pública, independientemente de la calidad de sus diseños de política.
El riesgo de captura —de intereses particulares, de agendas políticas coyunturales, de lógicas corporativas internas— es una amenaza permanente a la capacidad estatal. Por ello, los mecanismos de integridad, los sistemas de transparencia y los espacios de deliberación técnica autónoma son condiciones necesarias para que el Estado pueda gobernar bien a lo largo del tiempo.
| Pregunta central: ¿Cuenta el Estado con las capacidades humanas, institucionales y de gobernanza necesarias para tomar decisiones, implementarlas y sostenerlas con integridad y efectividad en el tiempo? |
Líneas de Debate
- ¿Cómo equilibrar el liderazgo político y la dirección técnica para fortalecer la toma de decisiones sin debilitar la institucionalidad ni la confianza pública?
- ¿Cómo fortalecer la profesionalización del servicio civil y la alta dirección pública garantizando mérito, estabilidad y capacidad de gestión en contextos de alta rotación?
- ¿Cómo equilibrar el rol de los cargos de confianza con sistemas meritocráticos sin afectar la continuidad ni la calidad de las políticas públicas?
- ¿Cómo incorporar sistemas de medición del desempeño y evaluación de políticas orientados a resultados e impacto, sin generar rigidez ni distorsiones en la gestión cotidiana?
- ¿Qué mecanismos permiten fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, asegurando integridad, transparencia y capacidad real de respuesta?
Tensiones Estructurales
| mérito vs. confianza política | capacidad vs. captura de intereses | estabilidad vs. adaptación |
Track 3 — Estado Inclusivo
Género, discapacidad y equidad
Un Estado inclusivo no se define únicamente por su capacidad de ampliar cobertura, sino por su capacidad de garantizar acceso efectivo, digno y pertinente para todas las personas, reconociendo que las políticas públicas no impactan de la misma manera a todos los grupos sociales.
La inclusión implica visibilizar y responder a las brechas estructurales que atraviesan la vida de las personas: las desigualdades de género en el acceso a servicios, oportunidades y espacios de decisión; las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en un diseño institucional que aún no ha integrado la accesibilidad como principio transversal; y las desigualdades territoriales, generacionales y socioeconómicas que determinan quién puede acceder efectivamente a lo que el Estado ofrece.
La discapacidad plantea un desafío de carácter transversal: no se trata de atención especializada ni de ajustes posteriores, sino de incorporar el diseño universal, la accesibilidad y la eliminación sistemática de barreras como principios estructurales de toda la acción pública. Del mismo modo, la inclusión requiere reconocer la diversidad real de las personas —mujeres, niñas y niños, juventudes, pueblos indígenas, personas LGBTIQ+ y otros grupos históricamente subrepresentados— cuyos derechos, necesidades y experiencias deben incorporarse desde el diseño inicial de las políticas.
El reto no es solo técnico: es institucional y cultural. Los sesgos que reproducen exclusión no siempre son visibles ni intencionales. Muchas políticas están diseñadas para un “ciudadano promedio” que no existe, invisibilizando diferencias y perpetuando brechas sociales . Avanzar hacia un Estado verdaderamente inclusivo implica revisar supuestos implícitos, transformar culturas organizacionales y medir la inclusión no por cobertura formal, sino por su impacto real e inclusión social en la vida de las personas.
| Pregunta central: ¿Cómo debe diseñarse y gestionarse el Estado para asegurar inclusión y equidad desde el inicio —no como corrección posterior— integrando la diversidad y evitando sesgos en políticas y servicios públicos? |
Líneas de Debate
- ¿Cómo incorporar la inclusión —género, discapacidad y diversidad— desde el diseño inicial de las políticas públicas, evitando que sea un ajuste posterior o una exigencia correctiva?
- ¿Las políticas públicas responden a la diversidad real de las personas o siguen diseñadas para un ciudadano promedio que invisibiliza diferencias y reproduce brechas estructurales?
- ¿Cómo garantizar la participación efectiva y la representatividad de grupos históricamente excluidos en la toma de decisiones públicas, más allá de mecanismos formales?
- ¿Puede la digitalización del Estado cerrar brechas o está generando nuevas formas de exclusión si no se diseña con enfoque inclusivo desde su origen?
- ¿Cómo transitar hacia un modelo donde la inclusión deje de ser un esfuerzo correctivo y se convierta en un principio implícito de toda la acción pública, medido por su impacto real?
Tensiones Estructurales
| universalidad vs. focalización | acceso vs. calidad | digitalización vs. inclusión |
Track 4 — Estado Sostenible
Desarrollo sostenible, cambio climático y compras públicas verdes
Un Estado sostenible no es solo aquel que promueve el crecimiento o protege el ambiente, sino aquel que es capaz de tomar decisiones hoy que sigan siendo viables mañana: que gestiona el presente sin comprometer su capacidad futura de gobernar, servir y garantizar el bienestar de la ciudadanía.
La sostenibilidad se ha convertido en un desafío de gobernanza de primer orden. Implica articular desarrollo económico, estabilidad fiscal, protección ambiental y cohesión social en contextos de alta presión política, incertidumbre global y eventos cada vez más extremos asociados al cambio climático. La crisis climática no es un fenómeno futuro: es una variable presente en la gestión cotidiana del Estado, que afecta la prestación de servicios, la planificación del territorio y la sostenibilidad de los presupuestos públicos.
En este escenario, la resiliencia deja de ser una capacidad reactiva para convertirse en una función estructural del Estado: anticipar riesgos, adaptarse a shocks y garantizar la continuidad de los servicios esenciales incluso en condiciones adversas. Esto requiere capacidades institucionales específicas: sistemas de alerta temprana, mecanismos de coordinación interinstitucional, marcos de planificación que integren horizontes de largo plazo y culturas organizacionales capaces de gestionar la incertidumbre sin colapsar.
Las compras públicas sostenibles emergen en este contexto como un instrumento de gobernanza particularmente poderoso. Los Estados son compradores de escala: sus decisiones de adquisición tienen capacidad de orientar mercados, incentivar prácticas responsables, impulsar innovación y alinear el gasto público con objetivos ambientales y sociales. Las compras verdes no son solo un instrumento ambiental: son una expresión de cómo el Estado decide gastar y qué futuro quiere construir.
El desafío es profundamente político: cómo priorizar en contextos de escasez, cómo sostener compromisos de largo plazo frente a urgencias inmediatas y cómo evitar que las decisiones de hoy generen costos irreversibles mañana.
| Pregunta central: ¿Cómo debe transformarse el Estado para integrar la sostenibilidad y la resiliencia en sus decisiones?. |
Líneas de Debate
- ¿Qué implica gobernar en clave de sostenibilidad en contextos de crisis climática e incertidumbre, sin perder capacidad de respuesta ni continuidad institucional?
- ¿Cómo integrar la sostenibilidad como criterio estructural en la toma de decisiones públicas, más allá de enfoques sectoriales o declarativos?
- ¿Qué capacidades institucionales necesita el Estado para anticipar, adaptarse y responder a crisis complejas —climáticas, sociales y económicas— sin perder gobernabilidad?
- ¿Cómo pueden las compras públicas sostenibles (compras verdes) orientar el mercado, promover innovación y alinear el gasto público con objetivos de desarrollo sostenible?
- ¿Cómo articular desarrollo económico, cohesión social y sostenibilidad ambiental en contextos de alta presión política y recursos limitados?
Tensiones Estructurales
| mérito vs. confianza política | corto plazo vs. largo plazo | eficiencia vs. resiliencia |
Track 5 — Estado Joven
Juventud, talento público y futuro del servicio civil
Un Estado generacional no es solo aquel que incorpora jóvenes, sino aquel que se renueva de forma continua, aprende de su entorno y adapta sus capacidades a los desafíos del presente y del futuro. De la capacidad del Estado para transformarse desde adentro depende, en gran medida, su capacidad para responder a la ciudadanía de manera efectiva y legítima.
Las nuevas generaciones se forman en contextos radicalmente distintos a los que dieron origen a los actuales sistemas de empleo público: universidades más diversas y conectadas, trayectorias profesionales menos lineales, mayor valoración del propósito y el impacto, y expectativas de desarrollo que pocas burocracias tradicionales están en condiciones de ofrecer. Al mismo tiempo, el Estado compite por talento en un mercado laboral más dinámico, flexible y con mejores incentivos en muchos sectores.
El desafío no es solo atraer juventud: es redefinir la propuesta de valor del servicio público. Cómo hacer del Estado un espacio donde el talento pueda innovar, incidir y desarrollarse. Cómo actualizar los sistemas de ingreso, carrera y evaluación para que sean compatibles con perfiles diversos —ingenieros, especialistas en datos, comunicadores, científicos sociales— que hoy son clave para la gestión pública. Cómo construir culturas organizacionales que integren nuevas formas de trabajo sin erosionar la institucionalidad.
La relación entre universidades, formación profesional y sector público se vuelve en este contexto estratégica. La construcción de capacidades públicas requiere articulación entre conocimiento académico, habilidades prácticas y necesidades reales del Estado, incorporando prácticas, pasantías, programas de formación y trayectorias que conecten el aula con la acción pública de manera sistemática.
Este proceso interpela también a quienes diseñan y gestionan el Estado: responsables de políticas públicas, áreas de recursos humanos, legisladores y directivos que deben revisar marcos normativos, sistemas de selección y cultura organizacional para permitir una renovación efectiva. El reto es complejo: cómo renovar sin perder experiencia, cómo flexibilizar sin perder estabilidad y cómo integrar nuevas formas de trabajo sin debilitar las instituciones.
| Pregunta central: ¿Cuenta el Estado con las condiciones necesarias para atraer, formar y retener talento diverso en un entorno laboral cada vez más dinámico y exigente?. |
Líneas de Debate
- ¿Cómo imaginan las nuevas generaciones el futuro de la administración pública y qué tipo de burocracia consideran necesaria para responder a los desafíos actuales?
- ¿Qué propuesta de valor ofrece hoy el Estado frente a un mercado laboral más dinámico, y cómo puede posicionarse como un espacio atractivo de desarrollo, propósito e impacto real?
- ¿Los sistemas de ingreso, carrera y evaluación del empleo público están preparados para atraer y desarrollar talento diverso, multidisciplinario y orientado a resultados?
- ¿Cómo articular universidades, formación profesional y experiencias prácticas para construir capacidades públicas alineadas a los desafíos actuales del Estado?
- ¿Qué cambios institucionales —desde marcos normativos hasta cultura organizacional— son necesarios para integrar nuevas formas de trabajo, liderazgo e innovación sin debilitar la institucionalidad?
Tensiones Estructurales
| estabilidad vs. renovación | experiencia vs. innovación | institucionalidad vs. adaptación |
Track 6 — Estado Productivo
Desarrollo económico, prospectiva y transformación productiva
Un Estado productivo no es solo aquel que promueve el crecimiento, sino aquel que es capaz de anticipar escenarios, orientar el desarrollo y transformar sus propias capacidades para generar bienestar tangible con reglas claras, confianza y legitimidad. En un contexto de alta volatilidad global, restricciones fiscales y cambios tecnológicos acelerados, el Estado enfrenta un desafío estructural: gestionar la escasez, anticipar riesgos y tomar decisiones en entornos de incertidumbre sin perder coherencia ni credibilidad.
La prospectiva se convierte en este marco en una capacidad estratégica de primer orden. No se trata de predecir el futuro, sino de explorar escenarios posibles, identificar tendencias emergentes y preparar al Estado para actuar de manera anticipada, alineando decisiones presentes con impactos de largo plazo. Un Estado que solo reacciona ante las crisis no puede liderar procesos de desarrollo sostenido.
Los desafíos del desarrollo económico y la transformación productiva en América Latina y el Caribe ya no pueden abordarse desde la acción estatal en solitario. La acción pública se desarrolla en ecosistemas complejos donde confluyen agendas nacionales, dinámicas globales y múltiples actores con capacidades, intereses y recursos diversos. En este contexto, la articulación entre el Estado, el sector privado, la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales —a través de alianzas público-privadas, cooperación y esquemas de gobernanza multi-actor— se convierte en una condición estructural para movilizar inversión, generar innovación y acelerar procesos de desarrollo.
La innovación pública cumple aquí un rol central. No solo como incorporación tecnológica, sino como capacidad para repensar políticas, procesos y servicios, integrando metodologías ágiles, uso estratégico de datos, ecosistemas GovTech y enfoques que permitan diseñar, probar y escalar soluciones con impacto real. Un Estado productivo es también un Estado que reduce fricciones, moderniza la prestación de servicios y conecta el desarrollo económico con la calidad de vida de las personas.
La competitividad y el crecimiento están además crecientemente vinculados a procesos de integración regional, cadenas globales de valor y posicionamiento estratégico en la economía internacional. Aquí el Estado actúa como articulador, facilitador y generador de condiciones habilitantes, asumiendo un rol que no puede delegar ni diluir en la lógica del mercado.
| Pregunta central: ¿Está el Estado liderando el desarrollo o reaccionando ante él?. |
Líneas de Debate
- ¿Cómo puede el Estado incorporar la prospectiva como capacidad institucional para anticipar escenarios y orientar activamente el desarrollo, en lugar de limitarse a reaccionar ante las crisis?
- ¿Cómo integrar la innovación pública —incluyendo GovTech y metodologías ágiles— para transformar servicios y acelerar procesos de desarrollo con impacto real y sostenible?
- ¿Cómo estructurar alianzas público-privadas que movilicen inversión y capacidades sin diluir la dirección estratégica ni comprometer el control y la integridad del Estado?
- ¿Cómo articular cooperación y esquemas de gobernanza multi-actor que alineen intereses diversos sin fragmentar la acción pública ni generar dependencia?
- ¿Qué rol debe asumir el Estado en la integración regional y en las cadenas de valor globales para posicionar estratégicamente sus economías y fortalecer la competitividad con cohesión social?
Tensiones Estructurales
| anticipación vs. reacción | innovación vs. control | crecimiento vs. sostenibilidad |
